Una empresa, investigada por anular los sistemas SCR de 30 camiones

Una empresa, investigada por anular los sistemas SCR de 30 camiones

Ya contamos en la web de Top Truck que la Guardia Civil ha detectado un aumento de las sanciones provocadas por la presencia de dispositivos emuladores de AdBlue. Una infracción que comporta una multa de hasta 20.000 euros conforme establece la vigente Ley de calidad del aire y protección a la atmósfera.

Estos sistemas se colocan en la línea CAN (Controller Area Network), que controla el protocolo de comunicación en el vehículo y anulan el sistema de reducción de emisión de gases (SCR) de manera que el camión funciona emitiendo como si fuera un camión de mayor antigüedad, sin sistema SCR.
 
El sistema SCR consiste en la inyección de Adblue, (mezcla de urea —32,5%— y agua desmineralizada —67,5%—), en el catalizador de los vehículos para que se produzca una reacción química en la que desaparece el NOx (reconocido gas contaminante) y a cambio se obtiene N2, H2O y CO2.

Una empresa investigada

Pues bien, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil a instancia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha desarrollado una investigación genérica para detectar la emisión generada a partir de la instalación de emuladores que anulan los sistemas de reducción de emisión de gases en camiones. La operación se ha llevado a cabo junto con EUROPOL que ha coordinado las actuaciones con Francia y Reino Unido.

Fruto de estas investigaciones, y a raíz de una de las denuncias administrativas realizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se detectó cómo una empresa con sede en Madrid, había tenido instalados hasta 30 dispositivos en camiones para anular los SRC, y que podría haber alcanzado las 90 t de Óxidos de Nitrógeno (NOx).
 
Asimismo, los investigadores estiman que con la colocación de dicha emuladores, se ha podido obtener unos beneficios de 700 euros por vehículo y año lo que pone de manifiesto emisiones que podrían alcanzar las entre 0,59 y 1,07 toneladas de NOx por cada camión y año. En este sentido la empresa investigada ha podido emitir entre 49,56 y 89,88 toneladas de NOx en el periodo investigado.

Investigación compleja

A lo largo de la investigación, "realmente compleja y pionera en el mundo, que presenta como novedad la detección de grandes emisores de NOx", según la Guardia Civil, se ha contando con la colaboración de empresas de transportes, fabricantes de Adblue, distintos fabricantes de vehículos que han aportado datos para el cálculo de las emisiones, así como con la empresa de medición OPUS RSE, con la que se iniciaron distintas mediciones de emisiones en carretera con el objetivo de detectar camiones que tuvieran instalados estos aparatos y medir sus emisiones.

Cabe recordar que los camiones de nueva generación consumen entre tres y cinco litros de AdBlue por cada 100 litros de gasóleo. Si se compra en grandes cantidades, el Adblue puede llegar a costar unos 60 céntimos el litro. Si se adquiere en garrafas de 5 litros, el coste sube a los 80 céntimos. Aproximadamente, se necesita un litro de Adblue por cada 25 de diésel consumido.

Así, teniendo en cuenta que un camión puede gastar entre 2.000 y 3.000 litros de urea al año, el gasto anual en este aditivo puede alcanzar los 2.000 euros. Este motivo económico podría estar detrás de estas prácticas que, además de dañar el medioambiente, están prohibidas y son, como decíamos, duramente sancionadas.

Cuatro detenidos en Castellón

Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que actuaban de manera organizada para instalar hasta en 30 camiones sistemas para eludir los controles y las normas que regulan las emisiones de gases contaminantes en la provincia de Castellón y que también manipulaban los tacógrafos para evitar hacer los descansos obligatorios.

El detenido quedaba con chóferes autónomos o empresarios del mundo del transporte y les ofrecía manipularles la emisión de gases de forma que anulaba el sistema y evitaba los costes de consumo y mantenimiento que conllevan, y lo mismo hacía con los tacógrafos digitales de los camiones. Para su actividad, contaba con la colaboración de un pequeño taller de electricidad de camiones.

En sus declaraciones, varios autónomos han reconocido que los investigados les habían hecho las manipulaciones ilegales mencionadas, por las que pagaron unos 1.500 euros . Además, los agentes llevaron a cabo varias inspecciones por sorpresa en empresas del sector y acreditaron una cantidad "importante" de vehículos que tenían los sistemas manipulados y se intervinieron dos camiones.

A los empresarios se les han abiertos expedientes administrativos por presuntas infracciones de la Ley de Ordenamiento del Transporte Público y de infracción contra el Medio Ambiente, la Fauna y la Flora.

Entre los detenidos se encuentran los principales responsables (el electricista y el responsable del taller) y otras dos personas, por su vinculación con la trama, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas inspecciones.