NOTICIA
10-12-2020

La subida del diésel no llegará en 2021, pero ¿qué pasa con el pago por uso de las autopistas?

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 que, al no contar con enmiendas en el Senado, se aprobará definitivamente a finales de mes.

Entre las medidas aprobadas, se incluye la eliminación de la polémica subida de 3,8 céntimos en el impuesto al diésel propuesta por el Gobierno en el proyecto de Ley, y que afectaba especialmente a los transportistas titulares de vehículos de menor tonelaje, al no poder acogerse al régimen de devolución parcial del impuesto a través de la figura del gasóleo profesional, y que suponen casi una tercera parte de la flota de camiones que operan en España

Asimismo, el Congreso de los Diputados ha acordado, como ya publicamos en la web de Top Truck, una nueva prórroga por quinto año consecutivo del límite de facturación anual de 125.000 euros en este año para que los autónomos puedan continuar acogidos en 2021 al régimen de estimación objetiva del IRPF e IVA, lo que coloquialmente se denomina régimen de módulos.

¿Qué pasa con el pago por uso de las autopistas?

Salvada la amenaza de una posible subida del impuesto al diésel para 2021, el sector del transporte ve en el horizonte otra que ya empieza a ser como el Guadiana... Y es que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha resucitado el debate abierto en la anterior legislatura sobre la posibilidad de introducir peajes en las carreteras del Estado, aunque ahora ha introducido el matiz de que el pago dependería del tipo de usuario que las utilice.

En este sentido, Ábalos apuntó a finales de noviembre durante su participación en el Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por El Español, que habría que discriminar entre los ciudadanos que circulan por las vías para ir a su lugar de trabajo de las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas, en referencia a las empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera.

“A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras”, argumentó.

No es la primera vez que el ministro de Transportes pone encima de la mesa el posible peaje por el uso de las carreteras y autovías de la red del Estado. En 2019, Ábalos indicó que el Gobierno estaba estudiando el pago por uso de las autovías actualmente gratuitas, aunque el coste para el usuario sería “simbólico”, en torno a la décima parte de lo que ahora paga de media en las autopistas de peaje. Parte de esa recaudación se dedicaría a reducir el peaje de las autopistas que aún están en manos privadas.

El modelo se complementaría liberando de peaje las autopistas en las que venza la concesión. Posteriormente, y ante las quejas de varias comunidades autónomas y del sector, el ministro matizó sus palabras e indicó que no había ningún proyecto en firme para instaurar esos peajes.

Por otra parte, el titular de Transportes volvió a mostrar su rechazo a que haya diferencias en el cobro de peajes en función del territorio en el que los usuarios circulen porque “no es hacer una España igual para todos”, y defendió un principio “de igualdad territorial sin discriminar a los usuarios”. Este debate surge como respuesta a las grandes necesidades de financiación destinadas a la conservación de las infraestructuras ya ejecutadas, que, según el ministro, ya concentran todo el presupuesto público actual, dejando poco margen para la obra nueva.

Pérdida de competitividad

De este modo, un modelo de financiación por uso para la Red de Carreteras del Estado para financiar el mantenimiento y modernización de las infraestructuras, que, según el sector del Transporte, elevaría los precios y tendría como consecuencia una "pérdida total" de competitividad en las exportaciones que se realizan desde España a toda Europa.

Así, desde Fenadismer se ha señalado que para llevar a cabo una medida así hay que tener en cuenta que “España es un país periférico y la gran mayoría de las mercancías que circular por nuestras carreteras ya tienen unos márgenes muy bajos. Cualquier cambio en el precio de los costos de su transporte va a tener que repercutirse en el precio final a los clientes. Con seguridad, esto hará que los productos españoles pierdan competitividad en el mercado europeo, lo que supone un nuevo revés para el sector“.

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